Un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña propone modificar el régimen vigente para el tratamiento de los vehículos abandonados en la vía pública con el objetivo de ampliar los destinos posibles de esas unidades una vez cumplidos los plazos legales. La iniciativa busca que los automóviles no solo puedan ser compactados o desguazados, sino también incorporados al patrimonio de organismos públicos o utilizados con fines educativos.
La propuesta, identificada como expediente 2332-D-2026, fue impulsada por el legislador Francisco Loupias y cuenta con el acompañamiento de Aldana Belén Crucitta, Emmanuel Ferrario, Rocío Figueroa, Patricia Inés Glize, Silvia Lospennato, Sebastián Nagata, María Graciela Ocaña, Sergio Siciliano y Gimena Villafruela.
El proyecto modifica la Ley 342, que regula el tratamiento de los vehículos abandonados en la Ciudad de Buenos Aires, e incorpora nuevos mecanismos para definir el destino de los automotores una vez vencidos los plazos establecidos por la normativa.
Uno de los cambios previstos es la actualización del artículo 6 para adecuarlo al Código Civil y Comercial de la Nación. De este modo, cuando existan dudas sobre si un vehículo fue efectivamente abandonado o simplemente perdido por su propietario, deberá aplicarse el procedimiento previsto en esa legislación.
Además, la iniciativa incorpora un nuevo artículo 6 bis que faculta a la autoridad de aplicación a decidir el destino final de los vehículos recuperados. Entre las alternativas se contemplan la descontaminación, el desguace, la compactación o su incorporación al uso público, según criterios de mérito, oportunidad y conveniencia.
El texto también redefine los procedimientos previstos en la ley. La descontaminación comprenderá la extracción de baterías, aceites, combustibles, líquidos y otros elementos potencialmente contaminantes para su tratamiento o reciclaje. El desguace permitirá recuperar autopartes y componentes reutilizables, mientras que la compactación continuará siendo el mecanismo destinado a transformar los vehículos en chatarra para su posterior reciclado.
Otro de los aspectos destacados del proyecto establece que, cuando se disponga la descontaminación, el desguace o la compactación, tendrán prioridad los establecimientos educativos que hayan solicitado vehículos o autopartes para actividades de investigación, capacitación, prácticas técnicas o docencia, siempre que previamente se hayan realizado las tareas de descontaminación correspondientes.
En los fundamentos de la iniciativa, sus autores sostienen que la modificación permitirá modernizar un régimen vigente desde hace más de dos décadas y optimizar la gestión de los vehículos abandonados, considerados un problema para la seguridad vial, la salud pública, el ambiente y la ocupación del espacio público.
También recuerdan que la Ciudad cuenta desde 2012 con un programa específico para la descontaminación, compactación y disposición final de automotores, aunque consideran necesario ampliar las posibilidades de reutilización antes de proceder a su destrucción definitiva.
Según los legisladores, las reformas favorecerán la economía circular mediante el reaprovechamiento de vehículos y autopartes que aún puedan tener utilidad, reducirán la contaminación visual y ambiental provocada por automóviles abandonados y contribuirán a liberar espacio en la vía pública.
Asimismo, destacan que la incorporación de unidades recuperadas a organismos estatales permitiría renovar parte de la flota utilizada por distintas dependencias del Gobierno porteño, especialmente aquellas vinculadas al Sistema Integral de Seguridad Pública y otras áreas operativas.
El proyecto deberá ser analizado por las comisiones correspondientes de la Legislatura antes de ser debatido en el recinto y definir si las modificaciones propuestas son incorporadas al régimen vigente.