La Ciudad de Buenos Aires oficializó un conjunto de medidas preventivas y de control orientadas a reducir la presencia de roedores en el distrito, estableciendo que las tareas de desratización en inmuebles, comercios y grandes superficies deberán ser ejecutadas exclusivamente por prestadores inscriptos en una nómina oficial creada por la Agencia de Protección Ambiental (APRA).
A través de dos normativas publicadas en el Boletín Oficial, el Ejecutivo porteño determinó que desarrolladores de obras, consorcios de propietarios, locales gastronómicos, escuelas, centros de salud, estaciones de servicio y hoteles, entre otros sectores, dispondrán de un plazo de 45 días para adecuarse a las exigencias, implementar tratamientos periódicos y conservar los certificados correspondientes.
La normativa también fija la creación de un registro obligatorio para las empresas proveedoras del servicio, las cuales deberán entregar constancias detalladas de cada intervención realizada y cumplir con los parámetros exigidos por la autoridad de aplicación para facilitar el seguimiento de las acciones sanitarias.
En caso de incumplimiento, la administración local podrá aplicar sanciones económicas que contemplan multas de entre 100 y 1.400 unidades fijas para los responsables de los inmuebles donde se detecte la presencia de roedores, reforzando los operativos de fiscalización en zonas prioritarias como polos gastronómicos, áreas costeras y barrios vulnerables.